Vivir para ver...

(Leído en La Vanguardia del 13 de marzo de 2019 y complementado con notas leídas en 20 minutos. Definitivamente esta mujer no concursa a madre del año.)

Etiquetas: Surrealismo cotidiano

(An article read on 12th March, 2016 at Daily Telegraph)

Angela Wright is suing for damages in the region of $250,000.

A woman is suing for damages after being “blown off” her toilet when workmen used high-power hoses to clean out sewer lines in her neighbourhood.

Angela Wright of Baltimore, Maryland, says the incident, which took place in October 2014, left her suffering physical injuries and post-traumatic stress disorder from the incident. Both Ms Wright and her bathroom were “covered in filth and excretion,” following what she described as an "explosion".

In an interview with Fox 45 she said: “I was literally covered in faeces. Are you kidding me? Who
wants that?” 

Baltimore mayor Stephanie Rawlings-Blake, members of the City Council and city contractors Heitkamp Incorporated and Spinello Companies are named as defendants in the lawsuit, which is seeking damages in the region of $250,000.

“We have an estimate of $14,000 just to repair the bathroom,” said Ms Wright's attorney Louis Glick.

“She had to clean it up herself,” he added. “Can you imagine that?” 

Etiquetas: Cosas veredes

(Un texto de Pedro Martín en El Confidencial del 8 de mayo de 2023. Y es que quizá haya que cambiar la expresión esa de "es más lento que el caballo del malo")

Los policías locales de Valladolid protestan porque no caben en sus nuevos coches, y el año arrancó con centenares de eléctricos que los agentes de la Guardia Civil no podían recargar. Una lista de despropósitos que viene de atrás.

[En mayo de 2023] la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pedía en un comunicado que se retiren del servicio las 15 unidades del Renault Arkana que acaban de ser adquiridas por el Ayuntamiento de Valladolid para su cuerpo de policía municipal, por "falta de adecuación" y considerarlos "un auténtico potro de tortura", pues, según el sindicato denunciante, el espacio disponible para el conductor y su acompañante, tras la modificación del vehículo de serie para incorporar el equipamiento específico, es insuficiente, y "no apto para estaturas superiores a 180 centímetros".

Al parecer, cuando los Arkana destinados al cuerpo policial pucelano montan el llamado kit de detenidos, la mampara de seguridad que separa las dos plazas delanteras de las traseras va anclada en una posición que impide desplazar los asientos de los agentes completamente hacia atrás, obligando además a situar el respaldo en posición vertical cuando la banqueta se lleva a la posición más retrasada posible, lo que afecta seriamente a la ergonomía y al confort durante las patrullas, e incluso impide la correcta conducción por parte de los agentes más altos. Además, desde CSIF advierten sobre el peligro sobre "su salud y su seguridad, puesto que, en caso de colisión, los agentes no están a la distancia adecuada de los demás elementos del vehículo en razón de su altura y corpulencia".

En este sentido, desde CSIF lamentan que "no se haya consultado la idoneidad de estos vehículos a los propios agentes policiales, que no están en la comisión que los selecciona, cuando son ellos los que los usan todos los días". Los 15 Renault Arkana, equipados con mecánica híbrida autorrecargable E-Tech de 145 CV y que han requerido una inversión de 1.059.302 euros, forman parte de un lote de 20 vehículos entregado a comienzos de abril al consistorio castellano, en el que los otros cinco coches eran Ford Kuga con mecánica híbrida enchufable PHEV de 225 CV, dotados también del kit de detenidos con mampara separadora y que han supuesto una inversión de 353.562 euros.

Como destacan de forma acertada desde el sindicato, el Renault Arkana, pese a que "parece un vehículo de una categoría superior, utiliza la plataforma CMF-B del Renault Clio y Captur". En concreto, la longitud del Arkana, un SUV que Renault Group produce en la planta coreana de Busan, es de 4.568 milímetros, frente a los 4.050 milímetros del Clio o los 4.227 de un Captur, siendo más largo incluso que el Renault Austral fabricado en Palencia, dotado ya de la plataforma del segmento superior CMF-CD3 y que mide 4.510 milímetros de largo. No obstante, el problema de espacio denunciado no tendría relación con la distancia entre ejes, pues esa cota puede ser distinta para una misma plataforma, y ese es precisamente el caso de la CMF-B de Renault: la batalla, o distancia entre ejes, es de 2.720 milímetros en el Arkana, frente a los 2.583 del Clio o los 2.639 del Captur, siendo incluso más amplia que en el Austral, que con plataforma CMF-CD3 tiene una batalla de 2.667 milímetros. E incluso más larga que la del Ford Kuga, cuya distancia entre ejes es de 2.710 milímetros.

Sin embargo, el Arkana no aprovecha esa distancia entre ejes muy generosa para ofrecer un amplio espacio para piernas en la segunda fila. En concreto, esa batalla es 81 milímetros mayor que la del Captur cuando, según nuestras mediciones, el hueco longitudinal en la segunda fila es prácticamente idéntico: unos 67,5 centímetros de distancia entre el respaldo delantero y el respaldo posterior con un conductor de 1,76 metros al volante. En esas mismas condiciones, el Ford Kuga ofrece un espacio de 73 centímetros, lo que habría permitido situar la mampara más atrás, garantizando todo el recorrido de ajuste longitudinal de los asientos delanteros. De hecho, el Renault Austral, que es 58 milímetros más corto que el Arkana y tiene una batalla 53 milímetros menor, presume de mayor distancia entre respaldos que el modelo elegido por el Ayuntamiento de Valladolid: 71 centímetros con un conductor de 1,76 metros al volante, según mediciones de El Confidencial.

Pero la polémica vallisoletana de los Arkana para bajitos no ha sido la única que ha tenido como protagonistas este año a vehículos de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, pues en enero la Guardia Civil anunció la adquisición de 380 nuevos vehículos por un valor total de 12,5 millones de euros, destacando la presencia en esa flota, con una inversión de 7,9 millones de euros, de 230 unidades del Nissan Leaf, un modelo 100% eléctrico que, en el caso de las versiones elegidas por la Benemérita, incorpora un motor de 110 kW (150 CV) y una batería de 40 kWh con la que homologa una autonomía media de 284 kilómetros en ciclo WLTP.

A raíz de ese anuncio, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) expresó en un comunicado sus "dudas" en torno a la elección de coches eléctricos: "Desde AUGC apostamos por vehículos que sean respetuosos con el medioambiente, pero se nos presentan muchas dudas e incertidumbres sobre la adjudicación de estos vehículos eléctricos. Tendremos que estar atentos a las características de los vehículos eléctricos que van a recibir las unidades (autonomía, velocidad, mantenimiento) y si esas unidades estarán adaptadas para los vehículos, ya que, en la actualidad, existen muchas instalaciones obsoletas".

El problema, al parecer, tiene que ver con los puntos de recarga, lo que ha mantenido buena parte de los Nissan Leaf parados en las instalaciones de Alcalá de Henares, en Madrid, donde fueron presentados. El presupuesto destinado a desarrollar la infraestructura de recarga en las diferentes unidades, correspondiente a fondos de la Unión Europea, fue puesto a disposición de la Guardia Civil en mayo del pasado año, pero la adjudicación de la instalación de los puntos de carga se fue retrasando hasta diciembre, de modo que será este año cuando se instale buena parte de la infraestructura prevista, que incluye un total de 2.200 puntos, con una inversión próxima a los 9,8 millones de euros: aproximadamente 4.450 euros por punto.

Desde la Guardia Civil, no obstante, se emitió una nota oficial donde informaba que los nuevos coches "se encuentran en proceso de distribución a las unidades", y que "en la actualidad, todos los vehículos eléctricos asignados a distintas unidades de la Guardia Civil cuentan con diferentes posibilidades de recarga, mediante puntos habilitados, tarjetas de recarga y cargadores portátiles adaptables". Y el cuerpo de seguridad concluía su comunicado afirmando que "en esta Dirección General no consta que ningún vehículo eléctrico esté parado por no disponer de posibilidades de recarga".

En cualquier caso, las dudas de AUGC no se centran solo en las dificultades de recarga, sino también en los problemas operativos de los vehículos eléctricos a causa de su autonomía. Aunque el Nissan Leaf está disponible también en versión e+, con batería de 62 kWh (59 kWh útiles) y autonomía media oficial de 395 kilómetros, la Guardia Civil ha elegido la versión con batería de 40 kWh (39 kWh útiles), cuya autonomía es 111 kilómetros menor. Y es bien conocida la influencia negativa que sobre la autonomía de los coches eléctricos tienen el frío, las fuertes pendientes o las altas velocidades, de manera que desde AUGC planteaban también su incertidumbre en torno a situaciones habituales, como persecuciones, en las que sus coches ahora podrían ver reducida rápidamente su autonomía, e incluso quedar inmovilizados.

Pero el cruce de comunicados entre la principal asociación de guardias civiles y la Benemérita no es el único caso de este tipo en torno a vehículos de patrulla eléctricos, pues también fuera de nuestras fronteras, e incluso en países con el proceso hacia la electromovilidad más avanzado, los agentes desconfían de la aplicación de esta tecnología de propulsión a su labor. Es el caso de la policía del condado de Gloucestershire, en el suroeste de Inglaterra, que cuenta con la mayor flota de coches eléctricos entre todos los cuerpos de seguridad del Reino Unido. Porque más de 90 de sus 435 vehículos en activo son eléctricos, y eso, además de reducir las emisiones, les ha ocasionado bastantes problemas.

Por ejemplo, los responsables de la policía de Gloucestershire explicaban el año pasado que, con frecuencia, los coches de patrulla se habían llegado a quedar sin batería en zonas rurales alejadas, en las que los agentes no habían podido encontrar puntos de recarga públicos, de manera que los policías preferían volver a utilizar coches con motor de combustión, que permitían circular varios días entre respostaje y repostaje.

El principal responsable de ese cuerpo policial, el comisario Chris Nelson, había decidido, por tanto, frenar los planes de sustitución de vehículos de combustión por eléctricos, declarando que sigue apostando por "la transisión energética", pero sin olvidar que su objetivo prioritario es otro: "la lucha contra la delincuencia, y debo tener en cuenta la eficacia operativa", pues Nelson insistía en que sus coches deben ser capaces de realizar todas las tareas habituales de la policía.

Una situación parecida a la de Francia, donde la Policía Nacional adquirió en 2020 más de 600 unidades del Renault Zoe, otro modelo 100% eléctrico. Pero tras más de dos años de uso, un informe concluía que la autonomía real de los vehículos eléctricos no permite por ahora sustituir a los de motor de combustión en buena parte de sus misiones operativas, al margen de que sus costes de adquisición siguen siendo superiores.

Según reconocen desde el principal sindicato policial francés, SGP, los Zoe se han destinado a los servicios de investigación, que recorren menos kilómetros y son los únicos que pueden usarlos normalmente, ya que los vehículos conducidos por agentes de intervención circulan durante las 24 horas, sin tiempo efectivo para realizar las recargas de batería a lo largo del día, de manera que si hubiese que dotar a ese servicio de vehículos eléctricos, sería necesaria una flota mayor para que unos se recargasen mientras los otros patrullan o acuden a las llamadas de urgencia.

Casos como el de la Policía Municipal de Valladolid, más relacionados con la incomodidad de los vehículos, no son nuevos en nuestro país, pues ya en 2007 la incorporación de los Citroën C4 Picasso a la flota de la Policía Nacional motivó protestas de los agentes, respaldadas por varios de sus sindicatos. En comparación con el Xsara Picasso utilizado hasta ese momento, que fue objeto de críticas al principio por la inadecuada adaptación del interior, el nuevo modelo, también fabricado en la planta de Vigo, veía reducido el espacio en la parte delantera, lo que entonces también afectaba de forma especial a los policías con estatura superior a 180 centímetros, que patrullaban encogidos: "los detenidos van más cómodos que nosotros", explicaban entonces desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

El diseño de los asientos sería posteriormente mejorado, y con el paso del tiempo la Policía Nacional también decidió cambiar la versión elegida, pues los primeros C4 Picasso que entraron en servicio, sin control de estabilidad ESP ni faros antiniebla, combinaban su motor diésel de 140 CV de potencia con una nueva transmisión automática, denominada CMP, que no era en realidad un cambio automático, sino una caja manual pilotada de funcionamiento más que cuestionable. En su lugar, la flota acabaría incorporando la versión diésel BlueHDi 1.6 de 120 CV con cambio automático convencional, de funcionamiento más suave y consumo rebajado.

Etiquetas: Cosas veredes

 (Un texto de R. Badillo en elconfidencial.com del 3 de enero de 2025)

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